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lunes, 3 de marzo de 2014

En el Cono Norte de Lima

Gestión Social en la Gestión del Riesgo de Desastres.

José Luis Amado
Asesor de la AMPE
La resiliencia, concepto tomado de la psicología, es la capacidad que deben tener las personas y  organizaciones para salir adelante luego de una situación crítica o desastrosa.  Aplicado este concepto a la gestión del riesgo de desastres que se enmarca en nuestra política nacional referente a este tema, creo que hay todavía mucho por hacer. Como es de conocimiento la Ley N° 29664 fue aprobada en el año 2011, precisamente el 19 de Febrero del 2011, y su Reglamento fue publicado el 28 de mayo del mismo año, es decir casi cuatro meses después. Esta ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, determina responsabilidades a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Lo cierto es que pese al tiempo transcurrido aún es muy poco lo que se ha avanzado para implementar esta ley del SINAGERD. Las razones son aún diversa y en esta juega un papel importante las instituciones técnicas de soporte a los gobiernos locales: INDECI y el CENEPRED. Para nadie es un secreto los gobiernos locales no se caracterizan por tener profesionales especializados y muchas de las demandas de esta ley están por este lado. Cómo sino se podría hacer la estimación del riesgo si no se cuenta con un equipo con conocimientos de ingeniería para la identificación de los peligros, la determinación del grado de exposición y finalmente las estimaciones de riesgo. Para el caso de sismos, deslizamientos, inundaciones, incendios esto es muy claro. Si a esta demanda técnica sumamos la impostergable capacidad de los gobiernos locales para conectarse adecuadamente con su población, entonces la cosa se pone peor. Los escenarios de trabajo que tienen los gobiernos locales son claramente dos: interno para consolidar su Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, donde presididos por el alcalde los principales gerentes de la municipalidad elaboran su plan anual de trabajo, en el tema de gestión del riesgo de desastres, no solo para tenerlo en blanco y negro sino sobre todo para ejecutarlo y por otro lado el gran frente externo, vinculado a la Plataforma de Defensa Civil, que necesariamente la municipalidad debe interactuar con las organizaciones vivas  de su territorio; club de madres, cocinas populares, asociaciones de vecinos, en fin cuanta organización exista en su territorio, para trabajar la reducción, la preparación, respuesta y rehabilitación todos estos procesos identificados en la ley y que constituyen responsabilidades de los gobiernos locales.  
Siete procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres que son de responsabilidad, en la implementación y operatividad, del Gobierno Local. 
Como el primer frente depende directamente del gobierno local, es imprescindible que cuanto antes se constituyan los grupos de trabajo de gestión del riesgo de desastres y organicen el trabajo. Como saben el CENEPRED ya saco los lineamientos para la constitución de los grupos de trabajo mediante la RM N° 276- 2012 PCM el 24 de octubre del 2012, veinte meses después de que fuera aprobada la ley N° 29664.
Para el tema de la Plataforma de Defensa Civil creo que es indispensable una acción conjunta con la sociedad civil. Para esto es necesario capacidad, conocimientos, información.
Desde nuestra  perspectiva creo que las instituciones educativas, universidades, institutos, colegios juegan aquí un papel preponderante. Veamos por qué. Para el caso de Lima la totalidad de territorio ya está ocupado y los suelos tiene asignado ya un tipo de uso: vivienda, industria, comercio, etc. La población en general ya está asentada en un determinado territorio y es difícil, pero no imposible, que pueda retirarse por cuestiones vinculadas a la gestión del riesgo de desastre. Como ejemplo las viviendas ubicadas en la rivera del Rímac, que todos los años se afectan con la crecida, o la población que ocupa cursos de huaycos o deslizamientos que pese a haber sido afectados reconstruyen sus viviendas en el mismo lugar, para muestra Chosica en Lurigancho Lima. En consecuencia que se debe hacer sino prepararse para el desastre o como mejor se califica gestionar el riesgo.
El pasado noviembre proporcioné una propuesta de Plan de Trabajo para desarrollar el tema de la gestión del riesgo desde el ámbito privado vinculado a la universidad, concretamente la Universidad Cesar Vallejo. La idea es trabajar con diversos frentes: el universitario, las organizaciones vecinales y los municipios escolares. En principio existe el interés de llevarlo a cabo en el presente año y si esto camina tendríamos preparados mil voluntarios brigadistas en gestión del riesgo de desastres listos para actuar frente a la ocurrencia de un sismo severo. También sería posible, trabajando con las organizaciones vecinales, articular 10 iniciativas vecinales para presentarlas en el presupuesto participativo  2015 que sería producto de por lo menos diez proyectos de identificación de peligros y vulnerabilidades en los distritos del cono norte con los cuales se trabajaría.
De concretarse este proyecto será un importante aporte del sector privado a mejorar las condiciones  de respuesta frente a un desastre en la ciudad más importante del país: Lima. 
La meta es ambiciosa y solo será posible si el sector privado se involucra y participa con recursos para realizar este trabajo. Se requiere formar los brigadistas universitarios, se requiere interactuar con las organizaciones vecinales y trabajar con los grupos organizados de cuarto y quinto de secundaria que constituyen los municipios escolares.  Los objetivos específicos de esta propuesta son, en primer lugar formar brigadistas en gestión del riesgo de desastres en tres ámbitos del cono norte de Lima: Estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo, Líderes de los municipios Escolares y Líderes de los grupos y asociaciones de viviendas. En segundo lugar nos interesa sensibilizar a los pobladores del cono norte de Lima en la necesidad de mejorar la resiliencia para enfrentar los desastres, en especial el sismo severo. Finalmente el tercer objetivo específico de esta propuesta es preparar, a la población organizada, para participar activamente en la identificación de peligros y vulnerabilidades de los barrios del cono norte de Lima.Para esto existen experiencias importantes, como la desarrollada por la Municipalidad de Villa El Salvador, donde se ha identificado un sector del distrito para trabajar la gestión del riesgo de desastre a través de la participación de organizaciones privadas en alianza con el gobierno local. La experiencia en el distrito de Villa El Salvador se inició en el año 2012 y concluirá en diciembre del presente año. Esta lección creo que es importante para identificar las experiencias valiosas para la réplica y sobre todo la identificación de lo que no funcionó para aprender del proceso y mejorarlo. No todos los distritos de Lima cuentan con estudios de microzonificación, tan valiosos para determinar la calidad de los suelos para, en función a estos, decidir qué hacer.

Lima Norte presenta un 21%  de la población en condición de pobreza y diez distritos del cono  norte se beneficiarán si se inicia el proyecto con la Universidad Cesar Vallejo.
Por eso es bueno que el Ministerio de Vivienda continúe con los distritos que faltan de manera que toda Lima cuente con estudios de microzonificación. Recientemente en el encuentro de municipalidades desarrollada en el distrito de Túpac Amaru Inca- Pisco Ica los alcaldes se pronunciaron en la necesidad de que el gobierno nacional destine recursos para realizar estudios de microzonificación sísmica a las principales ciudades ubicadas en la costa del país. El reto es grande pero justo, no hay población de segundo nivel todas tienen derecho a la vida y la información técnica es la garantía para conocer las condiciones de uso del suelo de cada territorio más aún si esta se encuentra en la franja costera ocupada por el 73% de la población nacional. En este último encuentro de Túpac Amaru Inca Pisco también se repite el pedido de los gobiernos locales para que INDECI y el CENEPRED finalmente asuman su rol de acompañamiento y asistencia técnica que permita que se pueda implementar los siete procesos de la gestión del riesgo de desastres que la Ley N° 29664 establece. 

martes, 29 de octubre de 2013

Ley de delitos Informáticos

José Luis Amado
Asesor de la AMPE
El congreso aprueba nueva desaguisada ley que atenta contra derechos fundamentales.
Este 22 de octubre se aprobó en el congreso de la república una nueva ley de delitos informáticos. Se trata de una ley de 10 artículos que atacan a los delitos informáticos que fue aprobado por el congreso de la república y que tiene cosas bastante inexplicables. Los delitos informáticos considerados son fundamentalmente cuatro: suplantación de identidad, acoso de menores por medios informáticos, uso de equipos y fraude informático, en esencia busca que la información, como bien jurídico, sea protegido. La intención es buena y nadie estaría en contra pero lo grave son los articulados que se colocaron cambiando lo ya existente a nivel internacional.  Lo peor de todo es que la legislación peruana ya tenía, en su mar normativo, desde hace trece años, legislación aplicable a estos casos, mejor aún ya en el marco internacional hace doce años se estableció en Budapest el acuerdo de Cibercrimen que muchos países ya han suscrito y que, a pesar del tiempo transcurrido el Perú aún no lo ha hecho y ha optado por salirse por la tangente haciendo una versión nacional a través de esta reciente y muy confusa ley aprobada. Al parecer posteriormente el MINJUS,  intentará adherirse al acuerdo de Budapest.  Con esto nuevamente nos aislamos del concierto internacional normativo ya que la ley promulgada tendrá quizás solo una aplicación funcional a nivel nacional. Aquí salta la gran pregunta: Por qué hace esto nuestro congreso. Si bien la versión aprobada fue la presentada por el Ministerio de Justicia lo que se discutió en el pleno fue el dictamen Bengolea- por cierto hartamente cuestionado por la sociedad civil- y que entro a discusión en el congreso el 12 de setiembre. Lo raro es que aprovechando un cuarto intermedio en pleno desarrollo del pleno, el congresista Chejade introduce esta propuesta del MINJUS y luego cuando se reinicia la sesión es aprobada por nuestros legisladores sin percatarse de que no es la versión ampliamente discutida en comisión y conocida como el dictamen Bengolea.
La pregunta sin respuesta es cómo el congreso de la república puede aprobar un ley que nueve páginas que ni siquiera se había debatido y que mas aún fue introducido, aprovechando el cuarto intermedio que se dio en la discusión del dictamen de la comisión Bengolea.  Es importante remarcar que esta ley puede atentar contra la  libertad de expresión.
Tremendo cuestionamiénto a la efectividad del vapuleado congreso de la república. Por lo pronto ya es evidente para muchos congresistas que lo que aprobaron no es lo que se conocía fruto del trabajo de la Comisión Bengolea sino un proyecto enteramente impulsado por el MINJUS en consecuencia se espera que sobre la marcha se pongan a trabajar para corregir este desaguisado proyecto. Solo nuestros trasnochados congresistas se le puede pasar un proyecto totalmente distinto a lo  trabajado por la comisión y, para remate, aprobarlo por unanimidad: 84 votos a favor y ninguno en contra. Que vergüenza.  Mientras es urgente hacer por lo menos dos cosas:  presentar la acción de  inconstitucionalidad de esta ley y la sociedad civil organizada presentar sus reclamos mas enérgicos- entre estos el de la AMPE que esta comprometida con libertad, acceso a la información y el tema de la transparencia- y finalmente ya es tiempo que el estado peruano suscriba el acuerdo internacional de Budapest sobre Cibercrimen que a la fecha lo suscribieron todos los países europeos, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.
La AMPE que representa a todos los gobiernos locales a nivel nacional se unirá a la corriente mundial para combatir la ciberdelincuencia, sin lugar a dudas, pero no a costo de nuestros derechos fundamentales. Esta mala ley perjudicará a mucha gente que pueda acceder a información y pueda publicar información. No nos olvidemos que la libertad de prensa y la libertad de expresión es la base de la actual democracia moderna. Por eso diremos con firmeza, no a este tipo de leyes ni menos a la forma  como, inexplicablemente, se pudo aprobar esta  ley en nuestro congreso de la república.

miércoles, 2 de enero de 2013

Con el interés de servir mejor a sus asociados




José Luis Amado
Asesor de la AMPE
La AMPE continúa estableciendo alianzas estratégicas.
En esta línea de fortalecimiento institucional que la AMPE  ha emprendido este último año, se han realizado diversos encuentros regionales y nacionales, alrededor de cuarenta si mi estadística no me falla, que sirven para llegar a las diversas regiones y distritos emergentes al interior del país. El motivo es el mismo; llevar temas demandados para fortalecer la competitividad de los municipios, sin embargo estos encuentros también tiene, ni que dudar, activos para la AMPE.

Eduardo Carhuaricra Meza, Gerente General de la  AMPE,  Rubelio Recinos Correa, Presidente de la ANAM,  y Gerson López Rodas, Secretario Ejecutivo de la ANAM en el acto de suscripción de la carta de hermanamiento entre AMPE y la ANAM .
En esa misma línea se han logrado importantes convenios de cooperación institucional: PCM,MINTRA, MVCS, MINCETUR BN, entre las más importantes de las cuales, sin falsa modestia, soy responsable por lo menos en un ochenta por ciento de estos convenios  pues creí y creo aun que es importante este tipo de alianzas que permiten a la AMPE estar en mejor pie para servir a sus asociados y a través de ellos hasta el último villorrio del país. También es necesario decir que se quedó en el trámite los convenios correspondientes a INDECI, CENEPRED para trabajar el tema de gestión de riesgos. Además de las instituciones nacionales la AMPE  también cuenta con convenios o acuerdos de cooperación con instituciones internacionales. El último que se suscribió, mejor aún se amplió ya que se  tiene un acuerdo previo desde hace dos años, es con la Asociación de Municipalidades de la Republica de Guatemala, ANAM. El último día de noviembre estuvo en Lima Rubelio Recinos Correa, Presidente de la ANAM de Guatemala, y sostuvo una reunión con el equipo de la AMPE y aprovecharon la oportunidad para ampliar un acuerdo previo que existía desde el 2010. Este acuerdo permitirá a la AMPE  a participar, el próximo 25 y 26 de enero, en un encuentro de municipalidades en Guatemala, asimismo la ANAM estará en Trujillo en el aniversario de la AMPE el 3 y 4 de marzo.

domingo, 30 de diciembre de 2012

Con la organización de la Plataforma de OT y la ANGR



José Luis Amado
Asesor de la AMPE
Taller Nacional sobre Ordenamiento Territorial.

Este  11 y 12 de diciembre la ANGR y la plataforma de OT organizaron un taller nacional de ordenamiento territorial orientado a compartir las diversas experiencias nacionales vinculadas al manejo de territorio utilizando las conocidas ZEE que se han implementado, a través de   los Gobiernos Regionales, en todo el territorio peruano. Este taller nacional permitió conocer las diversas experiencias logradas a lo largo del país, así como los momentos que se viven en las regiones  y que permiten fortalecer, con estas experiencias y vivencias, a la ANGR.

El tema del ordenamiento territorial es algo que se viene discutiendo con la plataforma de OT en donde, liderados por la ANGR y la AMPE, diversas instituciones de la sociedad civil y ONG comprometidas con la gestión del territorio han  logrado articular una propuesta de política de ordenamiento territorial y una muy interesante propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial. Estas propuestas fueron presentadas al MINAM, a la PCM, a la Comisión de Descentralización del Congreso de la República.

Eduardo Carhuaricra ratificó el compromiso de la AMPE para impulsar la pronta aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial.

Participaron en este taller nacional representantes de los Gobiernos Regionales de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Ucayali y Lima Metropolitana. Se realizó un balance de la implementación de las ZEE y de lo que hasta la fecha se había logrado en el tema de impulsar la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Como parte de la plataforma de OT estuvieron también presentes la AMPE y Remurpe. Eduardo Carhuaricra Meza, Gerente General de la  AMPE, ratificó el compromiso de su institución de impulsar la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y su convencimiento de que esta esperada ley debe regular el ordenamiento territorial y establecer un régimen jurídico que armonice y ordene las políticas e instrumentos que inciden en la gestión del Territorio, asimismo remarcó la importancia de crear un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y la necesidad de que esta ley precise las funciones de los gobiernos regionales y provinciales así como el derecho de los ciudadanos que viabilice su participación efectiva, en el proceso de elaboración, aprobación e implementación de los planes de ordenamiento territorial.

martes, 6 de noviembre de 2012

OTRA VEZ LA CONSULTA DE REVOCATORIA

Econ. Eduardo Carhuaricra Meza
Ex Parlamentario y Ex Alcalde de Pasco
- Urgente Modificatoria y Reglamentación -

Desde el 01 de enero del 2012 y hasta el 30 de diciembre del 2013, los alcaldes y regidores se desempeñan con la coacción del proceso de la revocatoria y su inestabilidad en el cargo; por ello, anticipándose en la relativa tranquilidad de los próximos elegidos, la AMPE planteó la necesidad de modificar la Ley No. 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, consciente que este plazo debe limitarse de 02 a un solo 01 año dentro de los 04 años del periodo municipal, precisa que el proceso debe iniciarse al año y medio del periodo municipal y concluir a dos años y medio. Luego “dejar trabajar” al gobierno local.

Esta modificatoria ahorraría la duplicidad de egresos económicos por la misma tarea a las instituciones del sistema electoral peruano, perfeccionaría la aplicación de la revocatoria de autoridades con una sola convocatoria a consulta popular y una sola elección complementaria dentro del periodo municipal de 04 años. Así se elegiría a tiempo a las nuevas autoridades para que puedan gobernar por lo menos 01 año antes del siguiente proceso electoral. A propósito, injustamente este derecho ciudadano sólo alcanza al gobierno local y regional, dejando plenamente tranquilos durante 05 años y más, a los elegidos o designados de los poderes nacionales como ejecutivo, legislativo, judicial y electoral.

Cabe destacar que esta Ley No. 26300, emitida en 1994 por el Congreso Constituyente de Fujimori, se aplica sin reglamento alguno, abusivamente no están reguladas las causales o los motivos de la revocatoria, es más, sus promotores no tienen la obligación siquiera de sustentar las razones y con tan solo S/. 200 soles, cualquier vecino o no, puede adquirir las planillas para las firmas y aprovechar la coyuntura para denigrar al alcalde o regidor elegido democráticamente y herir mortalmente la institución municipal y la gobernabilidad local. Por ello, las autoridades e instituciones del sistema electoral peruano, tienen la responsabilidad moral y legal de reglamentar esta Ley antes de aplicarla y muchas veces “a ciegas”.

En la modificatoria se debe resolver también el “vacío de poder” en los 08 a 10 meses que median entre la realización de la consulta popular de revocatoria y la elección del nuevo alcalde, tiempo en el que notoriamente se paralizan las obras y desmejoran los servicios municipales. Estos momentos de ingobernabilidad a causa de la revocatoria debe restringirse a no más de 60 días calendarios. Finalmente, lo sucedido en más de 18 años de vigencia de la Ley, nos muestra que en todo proceso de revocatoria no ganan los promotores y tampoco pierden los revocados; la constancia señala que los únicos perdedores son los pobladores que no reciben los beneficios de la ejecución presupuestal.

Octubre, 2012

lunes, 13 de abril de 2009

"El canon debe ser reestructurado"

La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) considera que para mejorar la distribución del canon, primero el gobierno central debe cumplir con la ley e incrementar sus recursos, con el 50% de transferencias de los montos correspondientes al Impuesto a la Renta de Cuarta y Quinta Categorías, así como de las actividades conexas, derechos, penalidades y concesiones.

Es cierto que los recursos naturales pertenecen a todos los peruanos y el 50% de lo recaudado por concepto de canon se distribuye con un sentido compensatorio a las zonas productoras, frente a los daños que causa su explotación. El otro 50% se lo queda el gobierno central. El AMPE propone que, de este monto, debe salir el dinero para distribuirlo en las zonas que carecen de canon mediante la creación del Focanon, además de otorgarle un porcentaje a las Fuerzas Armadas.
Eduardo Carhuaricra
Gerente de Capacitación y Cooperación de la AMPE